Matar mosquitos a cañonazos

O eran pulgas!

Esta es una expresión que se utiliza habitualmente cuando se quiere resolver un problema con exceso de medios y la mayoría de las veces sin tener en cuenta los daños colaterales.
Viene esto a cuento por todo lo que se viene hablando, desde el asesinato de Ignacio Uria, sobre la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV u otras siglas relacionadas con los radicales abertzales. Todos vamos a terminar conociendo lo que los legisladores quisieron decir al redactar el Articulo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando fue modificada la misma para perseguir actitudes que pudieran considerarse “gravemente dañosa para los intereses generales y que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”. El apartado 2 del mencionado articulo explicita: “Los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones que den cobertura o apoyo expreso o tácito de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan, lo justifiquen y los que menosprecien o humillen a las victimas o a sus familiares”.
Hasta ahora, solamente ha existido un caso, el de Marbella, en el que se tomo la decisión de disolución del mismo, previo acuerdo del Pleno del Senado y cumpliendo los requisitos previstos en la Ley.
Con una interpretación cogida por los pelos, los dirigentes del PP entienden que con los ayuntamientos presididos por ANV se puede hacer lo mismo que con Marbella y plantean que se aproveche la fecha de las elecciones vascas para elegir a los concejales y alcaldes de esos 42 municipios.
A mi no me parece tan sencillo el justificar que esos ayuntamientos están adoptando acuerdos por los cuales se les pueda aplicar el articulo 61. Por otra parte en esos lugares hay concejales de la oposición que en muchos casos suman más que el Gobierno y que en ocasiones obligan al mismo a desarrollar acuerdos aprobados con su mayoría. ¿Qué culpa tienen estos corporativos de tener en su pueblo o ciudad un Alcalde de ANV?
Esta semana la Diputada de UP y D interpelaba a la Ministra de Administraciones Públicas exigiendo la disolución de los 42 ayuntamientos de Euskadi y Navarra que tienen alcaldías de ANV o grupos afines. Esto, es el prolegómeno de una proposición no de Ley, o moción, para instar al Gobierno a que sin esperar a posibles modificaciones de la Ley, ya anunciadas por el Ejecutivo, ponga en marcha los procedimientos para disolver a las corporaciones locales que se encuentran en esa situación. Esta propuesta coincide, en el fondo, con la ya presentada por el PP para que se debata en Cortes Generales. La unidad de los demócratas contra ETA no les importa nada y la presentan unilateralmente, poco antes de que en el Congreso de los Diputados se acordase un texto unánime de condena por el asesinato del empresario azpeitiarra.
Estoy de acuerdo en que se haga lo posible por desalojar de las alcaldías a quienes han demostrado no ser dignos de estar en las mismas, después de no condenar el asesinato de uno de sus vecinos, este es el caso de Mondragón con Isaías Carrasco y de Azpeitia con Ignacio Uria. Pero lo posible, pasa por presentar mociones de censura que cambien al Alcalde de Azpeitia y a la Alcaldesa de Mondragón.
Al parecer el PNV ha sido capaz de convencer a EA de que le apoye en Azpeitia para desalojar a su Alcalde, aunque hasta que esto no se produzca y voten sus concejales, yo no me fiaría demasiado. Experiencias ya tenemos sobre lo que deciden las direcciones de los partidos en Euskadi y luego, cual es su aplicación a nivel local. ¿Un caso? Mondragón.
Esta misma semana, el Congreso de los Diputados ha ratificado, por mayoría, el Decreto Ley que posibilita puedan ser aplicadas una serie de medidas económicas, ya aprobadas por el Gobierno, entre las cuales están los 8.000 millones de euros para obras en los pueblos y ciudades de toda España. Aquí también se han oído voces críticas, del PP, sobre la posibilidad de que estos recursos no lleguen, directamente, a los municipios gobernados por ANV, sino a través de las diputaciones forales. ¿Les preguntaran a los “batasunos” que obras quieren que se hagan? No debe hacerse nada excepcional, dejemos que sean los ayuntamientos quienes propongan que proyectos quieren llevar a cabo y una vez sean aceptados controlar en su ejecución si se cumplen todos los requisitos legales. A, y no matemos mosquitos a cañonazos.